- Se documentaron al menos 1.798 detenciones arbitrarias, 216 con violencia por parte de las autoridades.
- Se incrementaron hasta 1.647 las retenciones forzosas de activistas en sus casas, sitiadas para impedirles la salida.
- Aumentó la pobreza y se deterioraron todos los derechos sociales.
- Las agresiones físicas y el exceso en el uso de la fuerza, incluso la letal, fueron elementos presentes en las actuaciones policiales.
Madrid, 13 de enero de 2020
El año 2020 ha sido nefasto para los derechos humanos en Cuba. Se han incrementado las prohibiciones y las limitaciones al ejercicio de libertades, y la represión tomó una deriva peligrosa que coloca al país a las puertas de un proceso similar a la Primavera Negra de 2003, afirma el Observatorio Cubanos de Derechos Humanos (OCDH) en su informe anual.
«El Estado cubano no solamente sigue funcionando al margen de los derechos humanos, sino contra estos, incluso de aquellos que establecieron en su propia Constitución», indica el documento.
Para el OCDH, la designación de Díaz-Canel al frente del país «no ha supuesto una mejoría en casi ningún aspecto para la vida de los cubanos».
El informe anual recoge que la represión en 2020, «además de mantener antiguos elementos como las detenciones arbitrarias, también ha sido más expansiva, alcanzando a sectores sociales como el de la cultura e incrementando sus acciones contra el periodismo alternativo; estos han sido sido víctimas del ensañamiento policial y de las terminales mediáticas del régimen».
Durante 2020, los observadores y colaboradores del OCDH sobre el terreno documentaron 1.798 detenciones arbitrarias. En al menos 216 de las cuales se usó la violencia por parte de las autoridades.
Se incrementaron hasta 1.647 las retenciones forzosas de activistas en sus casas, sitiadas para impedirles la salida.
El organismo resalta entre los elementos negativos del año los «ataques de odio» desde la Asamblea Nacional del Poder Popular y las «amenazas vertidas desde los medios estatales de comunicación contra otros ciudadanos».
Asimismo, recuerda que el régimen cubano incluso llegó a «invocar el nefasto artículo 4 de la Constitución, que legitima la lucha guerracivilista» y representa «una deriva peligrosa para la paz y la preservación de la vida e integridad de cada cubano».
El informe anual afirma que el deterioro de los derechos se hizo presente durante el año recién concluido, por medio del empobrecimiento y el deterioro de las condiciones de vida de los ciudadanos.
«Nunca antes los derechos sociales en Cuba han sido tan vulnerados. Y no se puede decir que ello sea producto solamente de una coyuntura económica, que inició en 2019 y que ahora se vio empeorada en 2020 con la crisis del Covid-19, sino al fracaso total de un sistema que prometió tácitamente derechos sociales a cambio de libertades políticas y que ahora ha dejado a once millones de cubanos sin una cosa y sin la otra», señala el informe.
Los datos muestran que, en el segundo semestre del año, el 21% de las familias cubanas vivía con menos de 20 dólares al mes, casi el doble de lo registrado en enero (11%). El 24% vivía con entre 20-40 dólares mensuales, y el 19% con entre 41 y 100. Considerando una media de tres personas por hogar, el 64% de los cubanos vivía con menos de 1,11 USD por día.
El 77% de los cubanos manifiestó una situación de escasez severa o moderada; y el 42% afirmó tener «problemas incluso para comprar lo más esencial para sobrevivir»; con lo que para seis de cada diez familias, los alimentos de la libreta de racionamiento cubren sólo entre cinco y diez días al mes.
Las agresiones físicas y el exceso en el uso de la fuerza, incluso la letal, fueron elementos presentes en las actuaciones policiales durante 2020. El caso que más impactó a la sociedad fue la muerte del joven negro Hansel Ernesto Hernández Galiano, de 26 años, producto de los disparos recibidos de la policía en La Habana. Los familiares denunciaron que le habían disparado por la espalda.
Según el informe, han ocurrido durante 2020 al menos tres olas represivas: Ola represiva del 30 de junio, en respuesta a las protestas contra el racismo y la violencia policial; ola represiva del 8 de septiembre, en respuesta a la «Revolución de los Girasoles»; y la ola represiva de noviembre-diciembre contra el Movimiento San Isidro y otros grupos de la sociedad civil.
