Sobre las recientes declaraciones del Secretario de Estado de los Estados Unidos Mike Pompeo acerca de la implementación del carril III de la Ley Helms-Burton, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos considera:
1. El derecho a la propiedad privada es un derecho natural ampliamente violado en Cuba a nacionales y extranjeros a partir de la llegada del Partido Comunista al poder.
2. Si bien en la actualidad los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales permiten las expropiaciones, las mismas son medidas excepcionales, por justificado interés público y social, y se exige que exista una adecuada y justa compensación, cuestión que en el caso cubano todavía no ha ocurrido en casi la totalidad de los casos.
3. El gobierno cubano nunca se ha tomado en serio resolver este viejo diferendo que involucra a ciudadanos cubanos y extranjeros; de hecho, la práctica confiscatoria continuó durante décadas al apropiarse el gobierno de las propiedades de aquellas personas que decidían emigrar, para beneficiar directamente a dirigentes del Partido Comunista o de sus organizaciones represivas.
4. Es paradójico que en muchas de las propiedades confiscadas, y sobre las cuales se mantienen reclamos, se establecieron negocios que durante décadas no permitieron la entrada de ciudadanos cubanos y donde hoy el gobierno, tanto en solitario como en unión con empresas extranjeras, lejos de cualquier fin social, continúa violando los derechos laborales de los cubanos, por ejemplo, mediante la apropiación de la mayor parte del salario de los trabajadores, tal y como sucede en el sector de la inversión extranjera. Esto es algo preocupante, que conculca los derechos humanos, y que hemos denunciado en reiteradas ocasiones.
5. En nuestra opinión, el gobierno de Estados Unidos, debería dejar suficientemente claro que no tomará ninguna medida que afecte directamente al común de los ciudadanos.
