Una de las consignas que inauguró el sistema de propaganda del régimen cubano en el antediluviano año de 1959 llamaba a convertir los cuarteles en escuelas. Fue solo eso, un lema demagógico porque, si bien transformó dos o tres centros militares en centros de estudio, diseminó unidades militares por todo el país para afianzar la dictadura que se instalaba. Lo que sí es una realidad, aunque no lo proclamen los escribidores oficiales en sus panfletos, es que han convertido en cárceles hasta los más apacibles y nobles poblados de Cuba.
En esta parte del escenario nacional no hay exceso de imaginación. Además de la atmosfera de acoso y persecución que se adueña de cada punto del país donde se concentre la población, algunas pequeñas comunidades o bateyes de ingenios funcionan como calabozos ampliados para los opositores pacíficos y los periodistas independientes.
No es que los confinados en esas cárceles tengan la impresión de sentirse encerrados. Es que la policía política, después de encerrarlos, interrogarlos y amenazarlos con las largas condenas, los han enviado a los pueblos donde nacieron o se criaron con sus casas rodeadas y vigiladas. Y cada salida a las puertas de su residencia, cada gestión en la calle, llamadas telefónica, contactos con la familia o los amigos, se hacen con la presencia de agentes policiales o de castristas fieles que pertenecen a los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) o son militantes de las bregadas de respuesta rápida.
No es que los confinados en esas cárceles tengan la impresión de sentirse encerrados. Es que la policía política, después de encerrarlos, interrogarlos y amenazarlos con las largas condenas, los han enviado a los pueblos donde nacieron o se criaron con sus casas rodeadas y vigiladas.
Así las cosas, los cubanos que son víctimas de este singular procedimiento hacen sus vidas bajo el control total de unos carceleros que los mantienen bajo control para impedir que realicen sus trabajos como activistas de algún partido opositor o como corresponsal de una agencia de prensa libre.
Joanna Columbié, activista del Movimiento Somos +, está presa en su pueblo natal, el central azucarero Céspedes, en la provincia de Camagüey. Fue deportada por oficiales de la Seguridad del estado desde La Habana a principios de junio. Y allá está en lo que ella misma llama “un pueblo cárcel”, vigilada en cada paso que da fuera de su vivienda.
El periodista Oscar Sánchez Madam está confinado en su vivienda en el pueblo de Cidra, en el municipio matancero de Unión de Reyes. El comunicador fue arrestado por la policía política a finales del mes de mayo. “El día 4 de junio”, dice, “me condujeron hasta mi casa. No puedo salir de Cidra y aquí dentro del pueblo sólo puedo hacerlo para resolver necesidades básicas. Estoy sitiado por varios agentes.”
Están en sus casas y los barrotes de la celda no se pueden ver, pero se sienten con más rigor, entre otras cosas, porque la dictadura los ha colocado en sitios tan queridos como el patio y el portal de la casa.
