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La campaña anti vectorial y el servicio militar

En una Unidad Militar perteneciente al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) fueron despojados del salario correspondiente al mes de julio, los jóvenes reclutas que pasan el Servicio Militar Activo (una forma virtual de llamar al Servicio Militar Obligatorio). En esa entidad castrense, los afectados cumplían labores de saneamiento y control en la Campaña Anti-vectorial Epidemiológica, llevada a cabo en la capital del país. Así lo destacan dos de las madres de estos muchachos.

Según relata una de las fuentes, quien prefiere discreción a su identidad y la de su hijo por temor a represalias, en la Unidad Militar 3039, conocida como Hato Viejo, a los soldados que se licenciaron de la actividad por el sistema diferido, no se les abonó la liquidación salarial que debían haber recibido por el trabajo que realizaban.

Esta Unidad Militar, está ubicada en las cercanías del Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kouri”, conocido por sus siglas como IPK, en el capitalino municipio “La Lisa” y alberga a jóvenes que son llamados a pasar el Servicio Militar Activo en el Ejercito Juvenil del Trabajo (EJT), y que son oriundos de diferentes partes del país, destinados a cumplir diversas actividades como a la que se hace mención.

Cuenta la madre que los afectados son, en lo fundamental, soldados que solo deben permanecer en la vida militar por un período de un año, conocidos como diferidos, ya que, concluido este periodo de servicio, retornan a los estudios universitarios interrumpidos por la Ley Militar.

Ella hace mención a la manera sospechosa con la que se actuó por parte de los oficiales de esa institución, ya que días antes de la fecha convenida para la salida de los soldados, fueron avisados –de manera inesperada- por la jefatura para la partida de estos hacia sus hogares y así evitar,-según excusa del Mando- algún “hecho extraordinario” con los egresados reclutas, los que deberían regresar a la referida unidad entre el siete y diez de agosto del presente año, para recibir una liquidación salarial que no se les pagó.

Uno de los afectados agrega, que el día 8 de agosto se presentó en el lugar con su mamá para el cobro, pensando salir de allí directo con el dinero hacia la tienda, para comprarse una mochila por su próximo ingreso en la universidad y allí le dijeron que no se les podía pagar porque no había dinero y las FAR tenía deuda con Salud Pública, resultando lo mismo de manera “casual” con todos los diferidos egresados.

El joven comentó que ese día su madre tuvo una acalorada discusión con el Segundo Jefe de la Unidad al enterarse por boca de un amigo, que los demás soldados y oficiales habían recibido el pago correspondiente de forma normal, lo cual deja margen a la razonable duda de estar presente ante una estafa o delito de malversación.

Por los datos suministrados por las diferentes fuentes se puede concluir que por esta situación fueron perjudicados unos setenta de estos muchachos, quienes estuvieron expuestos todo el tiempo –por el trabajo que realizaron- a contraer enfermedades infecciosas de las que tanto abundan hoy en nuestra sociedad.

También se pudo conocer que los afectados son residentes en su mayoría de la provincia Artemisa, a quienes se les adeuda entre quinientos 500 y 900 pesos moneda nacional, por la labor desempeñada.

Artemisa, 26 de agosto de 2017

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