Al menos 218 detenciones arbitrarias se produjeron en Cuba en noviembre, en medio de una intensa campaña de difamación del gobierno contra los activistas de derechos humanos y de cambios legales para perseguir a los disidentes.
La Habana, Matanzas, Villa Clara y Santiago de Cuba fueron las provincias más afectadas por los arrestos, según los datos recopilados por la red del Observatorio Cubano de Derechos Humanos en la isla. Decenas de afectados fueron además detenidos violentamente, multados y amenazados por la policía.
La mayoría de los arrestados intentaban celebrar actividades políticas en las sedes de sus organizaciones, asistir a misa o viajar a otra provincia o municipio del país. Varios fueron sitiados en sus casas para impedir que salieran a la calle durante las celebraciones por el aniversario 500 de la ciudad de La Habana.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia además el intento del gobierno de Cuba de legalizar o «blanquear» su práctica habitual de espionaje a los ciudadanos, fundamentalmente a aquellos que disienten del discurso oficial.
Recientemente fue promulgado el Decreto-ley No. 389, modificativo de la Ley de Procedimiento Penal, que incluye la vigilancia electrónica. El nuevo decreto incrementa la arbitrariedad del Estado en prácticas violatorias de los derechos humanos, como el derecho a la privacidad o la inviolabilidad de las comunicaciones.
El gobierno de Cuba tiene un largo historial de utilización de los recursos técnicos para intervenir y después airear públicamente comunicaciones entre personas que no cometen delito alguno.
2.986 detenciones arbitrarias en Cuba en 2019
123 presos políticos en carceles cubanas
