Al menos 132 detenciones arbitrarias se produjeron en Cuba en el primer mes de gobierno de Miguel Díaz-Canel

Madrid, 3 de junio de 2018

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denuncia que durante el mes de mayo se produjeron 132 detenciones arbitrarias en la isla, en el primer mes de gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel.

De los arrestados por motivos políticos, 64 fueron mujeres y 68 hombres. Las organizaciones más afectadas por las acciones represivas del Gobierno fueron las Damas de Blanco, la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), Juventud Despierta, Partido Boitel, Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo y varios periodistas independientes, entre otros.

Tres activistas de UNPACU fueron condenados a dos años y medio de cárcel por «peligrosidad social pre-delictiva», la aberrante figura jurídica utilizada por el Gobierno para enjuiciar a disidentes que no han cometido delito alguno. Otro opositor del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación  fue sancionado a un año de cárcel por supuestamente «difamar a los héroes».

Las causas más recurrentes en las detenciones arbitrarias fueron impedir la asistencia a misa en iglesias católicas, impedir viajes a otros países, subir videos de protestas a redes sociales, exigir derechos o participar en actividades cívicas. En el caso de los periodistas independientes, al menos dos fueron arrestados por intentar cubrir el trágico accidente aéreo ocurrido recientemente en La Habana.

En lo que va de año, ya suman 1.224 los arrestos arbitrarios practicados por el Gobierno cubano.

*Las violaciones a los derechos humanos en que se basan los informes del OCDH son documentadas in situ por nuestro equipo de observadores en la isla, y publicadas periódicamente en nuestro sitio web.

El OCDH demanda la inmediata libertad de los presos de conciencia Eduardo Cardet y Ariel Ruiz Urquiola


Eduardo Cardet cumple tres años de cárcel por el supuesto delito de “atentado a la autoridad”. El médico y Coordinador Nacional del Movimiento Cristiano Liberación fue detenido con violencia el 30 de noviembre de 2016 tras criticar públicamente al Fidel Castro en una entrevista en la emisora esRadio (Madrid). El proceso contra Cardet estuvo repleto de irregularidades, la sentencia estuvo basada en datos manipulados y no se tuvo en cuenta el testimonio de los testigos de la defensa. Las autoridades cubanas han suspendido por seis meses las visitas de sus familiares como represalia a las ‘informaciones falsas’ que, según ellos, la familia está difundiendo.

Ariel Ruiz ha sido condenado a un año de prisión por “desacato”. Fue detenido el pasado 3 de mayo cuando acudió a dependencias policiales tras recibir una citación para comparecer por “asuntos legales”. El proceso penal fue carente de las debidas garantías procesales: acceso tardío a un abogado defensor, la falta de conocimiento sobre la acusación de la fiscalía, las dificultades de la parte para acceder al expediente, el poco tiempo para preparar la defensa al decretarse proceso y juicio sumario, la carencia absoluta de pruebas y la falta de tipificación de los hechos que han servido para la condena.

Ambos delitos imputados son figuras legales que el régimen utiliza rutinariamente para encarcelar opositores. El sistema judicial está controlado por el propio gobierno cubano, comúnmente por agentes de la Seguridad del Estado (G2), quienes instruyen a los jueces sobre cómo actuar.

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