La situación de los derechos humanos en Cuba atraviesa un estado crítico y continúa empeorando en paralelo al agravamiento de la crisis estructural del país. Las restricciones impuestas por el régimen afectan prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana: desde la política y la economía hasta el ejercicio de la religión, la cultura o los derechos sociales básicos. En ningún espacio de la sociedad cubana se garantiza el ejercicio pleno de libertades fundamentales; al contrario, estas suelen estar sometidas a controles, condicionamientos o directamente prohibidas.
La represión no se limita exclusivamente a miembros de organizaciones opositoras o activistas vinculados a la sociedad civil. El castigo estatal alcanza también a ciudadanos comunes que expresan inconformidad con la situación del país, particularmente a través de redes sociales, donde aumentan las críticas a la severa crisis socioeconómica y a la ineficiencia gubernamental. Estas manifestaciones públicas, aunque espontáneas y desorganizadas, son igualmente reprimidas bajo el argumento de mantener el orden y la estabilidad.
Durante el año 2024, la crisis de derechos humanos en Cuba se agravó debido al aumento del autoritarismo, el colapso económico y la ausencia de garantías institucionales. El régimen, controlado por el Partido Comunista, impide el pluralismo, participación libre o disenso legítimo. En este marco, las libertades de expresión, asociación, manifestación y prensa independiente son severamente restringidas, y quienes intentan ejercerlas enfrentan consecuencias penales, hostigamiento o exilio forzado.
La situación social se deterioró aún más debido a una crisis económica prolongada, resultado de factores internos y externos, entre ellos la caída del turismo, los efectos de la pandemia, la inflación, los errores en la reforma monetaria de 2021 y las restricciones comerciales. Esta crisis derivó en una escasez generalizada de alimentos, medicinas, combustible y energía eléctrica, provocando un creciente descontento popular. Frente a la desesperación y las demandas ciudadanas, la respuesta del gobierno ha sido la criminalización del malestar social.
Las protestas espontáneas, motivadas por necesidades básicas o reclamos de libertad, han sido reprimidas con detenciones arbitrarias, violencia policial, juicios sin garantías y condenas desproporcionadas. En muchos casos, estas manifestaciones resultaron apagadas con cortes de Internet, militarización de barrios y amenazas a familiares de manifestantes.
El contexto represivo actual está directamente relacionado con las consecuencias del 11 de julio de 2021 (11J), cuando miles de personas salieron a las calles en todo el país en la mayor ola de protestas registrada en décadas. Más de 1500 personas fueron detenidas, muchas de ellas condenadas en juicios sumarios y sin garantías. Desde entonces, el Estado cubano institucionalizó una estrategia de “represión preventiva”, que incluye vigilancia constante, restricciones de movilidad, citaciones policiales, detenciones domiciliarias y uso arbitrario del Código Penal para disuadir cualquier intento de activismo. El nuevo Código Penal, vigente desde 2022, amplió las sanciones por delitos relacionados con la disidencia, criminalizando aún más la crítica pública y el ejercicio del derecho a protestar.
Finalmente, la sociedad civil cubana enfrenta enormes obstáculos para existir y actuar. Las organizaciones no alineadas con el Estado no pueden registrarse legalmente y sus integrantes son acosados, amenazados o forzados al exilio. No hay mecanismos internos de protección ni instancias judiciales independientes donde acudir. Cuba tampoco permite el acceso a observadores internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La ausencia total de controles externos consolida un clima de impunidad estructural, donde las violaciones de derechos humanos no solo se repiten, sino que se agravan con nuevas formas de represión legalizada.
