Madrid, 20 de octubre de 2020
Cuba arriba a la evaluación de medio término del Examen Periódico Universal (EPU), del Consejo de Derechos Humanos, sin cumplir al menos siete de los compromisos adquiridos en 2018, en relación a los derechos de acceso a la información, libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, informaron las organizaciones Alianza Regional por la Libre Expresión e Información y Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
En un documento enviado a las representaciones de los Estados ante Naciones Unidas en Ginebra, las organizaciones presentan las “conclusiones relativas a los avances y retrocesos de Cuba en el cumplimiento de los compromisos que asumiera en el marco del EPU 2018”.
Sobre el derecho a la libre expresión, AR y OCDH señalan la “persistencia y agravamiento de situaciones de represión, hostigamiento, allanamiento, detenciones arbitrarias, vinculadas al ejercicio efectivo de la libertad de expresión en diferentes ámbitos de la vida social en Cuba”.
Además, cuestionan que, después de los compromisos adquiridos por Cuba en 2018, se aprobaran los decretos 349, que regula y limita la libertad de expresión artística; y 370, que establece sanciones a la libre distribución de información a través de internet. Ambas legislaciones “dieron lugar a reiterados y severos episodios de represión, detenciones arbitrarias, captura y ruptura de elementos de trabajo”.
Tampoco se han producido “avances normativos y procedimentales de ningún tipo en relación al derecho de libertad de asociación”.
“Se registraron múltiples hechos de represión y hostigamiento por parte del Gobierno a distintos miembros de la sociedad civil independiente en el marco del ejercicio de su derecho de manifestación pacífica”, indica el documento.
En cuanto al acceso a la información pública, informan que la Constitución de 2019 incorporó un artículo sobre el derecho a solicitar y recibir información del Estado, “pero sin avances efectivos respecto a su institucionalización”.
Por otro lado, se señala que la sanción del Decreto Ley N°6 “Del Sistema de Información del Gobierno” establece “un marco regulatorio para la producción y difusión de estadísticas oficiales sumamente restrictivo y sesgado”.
Asimismo, el gobierno de Cuba prometió la sanción de una Ley de Transparencia y Acceso a la Información, pero “aún no ha dado señales de implementación de mecanismos de consulta y participación de la sociedad civil independiente para su diagramación”.
El gobierno cubano también se comprometió a aumentar los niveles de conectividad y acceso a internet, aunque “aún resulta excesivamente caro para la mayoría de la población”.
La Alianza Regional y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos solicitan a los Estados concernidos el reforzamiento de sus “observaciones y recordatorios respecto al goce y respeto efectivo de los derechos a la libre expresión, asociación y reunión pacífica, y acceso a la información pública en Cuba”.
El documento, que también fue enviado a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; la Unión Europea y otros Estados, sugiere a los Estados “formular recomendaciones específicas con el propósito de avanzar en los compromisos asumidos por Cuba en la EPU 2018”.
Para la elaboración del informe fueron consultados una veintena de líderes de la sociedad civil independiente en Cuba, y se revisaron tanto las normas y comunicaciones oficiales como diversos documentos de actores nacionales e internacionales. También se realizó un pedido de información al Ministerio de Comunicaciones y la Asamblea Nacional del Poder Popular, sin que se hayan obtenido respuestas de estos organismos del estado cubano.
