Madrid, 17 de junio de 2020
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) exigió este lunes a la Asamblea Nacional de Cuba una respuesta sobre el estado de tramitación de dos peticiones ciudadanas que piden la revisión del Decreto-Ley No. 370, que regula el uso de las nuevas tecnologías en la isla.
En una carta dirigida a Homero Acosta, secretario de Asamblea Nacional del Poder Popular, el OCDH pregunta si el parlamento cubano brindará “algún tipo de amparo a la integridad física y/o moral de los ciudadanos que presentan solicitudes”.
“Sabemos de al menos un caso, en que una de las personas que ejercieron dicho derecho, fue detenida arbitrariamente durante más de 48 horas”, dice la carta.
Además, el OCDH recuerda a Acosta que la primera solicitud lleva más de 45 días sin respuesta.
Según el reglamento de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), Homero Acosta, como secretario, debe “examinar las quejas, planteamientos, solicitudes y sugerencias de la población”.
El día 29 de abril, los ciudadanos cubanos Enix Berrio Sardá y Luis Manuel Otero Alcántara presentaron ante la oficina de Atención al Ciudadano de la ANPP una solicitud basada en el derecho constitucional establecido en el artículo 61 de la Constitución, el cual establece que los ciudadanos tienen derecho “a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, las que están obligadas a tramitarlas y dar las respuestas oportunas, pertinentes y fundamentadas en el plazo y según el procedimiento establecido en la ley”.
Dicha petición pide al parlamento que revise y declare inconstitucionales dos artículos del Decreto-Ley No. 370, que regula el uso de las nuevas tecnologías en la isla.
Específicamente se pedía la revisión de los artículos 68 y 76 del precitado Decreto-Ley, por entrar en colisión con los artículos 54 y 99 de la Constitución, respectivamente.
El pasado 8 de junio, un número importante de ciudadanos presentó otra solicitud ante varias instituciones del Estado, entre ellas la ANPP, mediante la cual se pide que se declare inconstitucional dicho Decreto-Ley por violar, entre otros derechos, el de la Libertad de Expresión.
Ambas solicitudes fueron formalmente recibidas por la institución.
