Madrid, 5 de mayo de 2020
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció este martes que en Cuba se produjo en abril «una reducción drástica de las libertades individuales» en medio de la pandemia de Covid-19.
«Abril ha sido un mes atípico para la evaluación del comportamiento de los derechos humanos en Cuba. El gobierno cubano no reconoce la situación excepcional. Mientras tanto, saca provecho de la coyuntura sanitaria para acosar a periodistas independientes como Leydis Despaigne, Yoe Suárez, Waldo Fernández, Camila Acosta, Jorge Curbelo, Mónica Baró, Esteban Ajete, Jorge Enrique Rodríguez, Roberto Rodríguez, Enrique Díaz, Vladimir Turro y Yunior Berges», afirmó Alejandro González Raga, director ejecutivo del OCDH.
Incluso, en medio del aislamiento domiciliario, el OCDH ha podido documentar 157 acciones represivas en abril, de las cuales 88 han sido detenciones arbitrarias. Seis activistas permanecen en prisión y uno con medidas domiciliarias. Además, se han producido 32 citaciones (dos de ellas terminaron con detención), actos de acoso a activistas y suspensiones del servicio de internet.
También en abril, el activista Enix Berrio Sardá presentó ante la Asamblea Nacional una solicitud de revisión de dos artículos del Decreto 370, que limitan la libertad de expresión y son inconstitucionales. Al día siguiente fue detenido y amenazado en calabozos policiales durante 30 horas.
«Hacemos un especial llamado de atención sobre la violación del derecho manifestado en el artículo 61 de la nueva Constitución, que expresa que ‘las personas tienen derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, las que están obligadas a tramitarlas y dar las respuestas oportunas, pertinentes y fundamentadas en el plazo y según el procedimiento establecido en la ley'», añadió González Raga.
El OCDH instó al gobierno cubano a «detener su maquinaria y dejar a un lado su talante represivo, especialmente en estas horas, y a dejar de utilizar la crisis como pretexto para acorralar a las voces alternativas».
Asimismo, exigió al gobierno que abandone la política de encarcelar a los infractores del aislamiento social, que es la sanción más severa entre las que contempla el Código Penal. Lo ha hecho mediante juicios llamados por las propias autoridades como «ejemplarizantes» y siguiendo el procedimiento sumario abreviado, que ha sido duramente criticado por no ajustarse a las normas internacionales del debido proceso.
