La finca Maromera en el callejón del MINAZ, es una pequeña comunidad del municipio Manzanillo, provincia Granma, donde se encuentran situadas 24 casas; no obstante, la entidad municipal de la vivienda ha impedido la entrega de propiedades a sus dueños, por ser consideradas ilegales.
Esto trae como consecuencias que las familias que las habitan hayan tenido que sufrir la mala suerte de recibir la corriente eléctrica de forma ilegal, a través de las llamadas “tendederas” pues hay un solo contador con el número 2015-043090007875.
En particular la señora Rosa Guerra Santana es afectada por estas tendederas, porque el fluido eléctrico le llega con poca intensidad y no puede cocinar con electricidad y tampoco tiene equipos electrodomésticos, lo que implica que elabora los alimentos con leña en su patio.
Ella relató que en su pequeño cuarto viven dos matrimonios y un niño de nombre Alain Yoel González Pelegrino, de nueve meses de edad, afectado por el humo que expide la leña. Rosa estuvo detenida por cuatro días por levantar cinco palos en el patio para hacer una cocina y fue multada con mil pesos cubanos (cup), que se le han duplicado por no tener dinero para pagarla.
El suministro del agua se le instaló a toda la comunidad hasta la llave maestra y de ahí hasta las casas tuvieron que comprar en 15 pesos moneda nacional, el metro de manguera, cuando deberían de haberlas puesto sin cobrar.
Por su parte Rosa, ante tanta pobreza decidió instalar una salida ilegal de agua y resultó multada con seis mil pesos cubanos, el pasado mes agosto de 2016; todo ello le ha traído como consecuencias que el gobierno local -según ella misma expresa- le hace la vida imposible y no le presta atención a sus quejas.
Hace poco, decidió solicitar en la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT) una patente de molinera pero el motor le fue decomisado en calidad de depósito por las deudas que tiene y no pudo continuar con los trámites.
Refiere que no cotiza el Comité de Defensa de la Revolución (CDR), ni la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), pues no funcionan para los pobres y desvalidos. De forma constante le anuncian su desalojo; a pesar de ser una de las primeras en llegar al lugar.
Recién tuvo la oportunidad de acercarse a la Delegada del Poder Popular, nombrada Elvira y le narró su caso, para que la dejaran legalizar su vivienda, pero no la escuchó. Sin embargo la funcionaria sí tiene legalizada la suya y le instalaron un metro contador.
Todos los habitantes -tanto niños como adultos- que componen la finca Maromera, empobrecida y sufrida por la falta de atención, esperan por algún dirigente capaz de escuchar y resolver sus justos reclamos y que en vez de desalojos, aporte soluciones prácticas a este sector de la sociedad, que tiene anhelos de al menos poder vivir en ese lugar de una forma más justa y libre de arbitrariedades gubernamentales.
Manzanillo, 12 de junio de 2017
