Madrid, 4 de diciembre de 2017
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denuncia que durante el mes de noviembre ocurrieron 306 detenciones arbitrarias, de las cuales 221 fueron practicadas en contra de mujeres y 85 en contra de hombres; de las detenciones 11 fueron violentas y en 35 casos la duración fue superior a las 24 horas.
El gobierno cubano persiste en su dinámica represiva, cuyos rasgos sobresalientes hemos denunciado en varias ocasiones, entre estos: las detenciones arbitrarias de corta y larga duración, la confiscación o robo de bienes personales o de medios de trabajo, el impedimento de salida del país de activistas invitados a foros internacionales, la selectividad según criterios políticos e ideológicos para permitir a sus ciudadanos entrar al país, la retención y asedio a activistas en sus propias viviendas, las presiones y agresiones directas a hijos y familiares de los activistas, la fabricación de delitos penales comunes, y las campañas de difamación.
Uno de los elementos más destacados y preocupantes de esta estrategia represiva, tanto en sus métodos más frontales como en los más sutiles, es su amplio alcance, que llega a escudriñar los resquicios de la incipiente sociedad civil cubana e interferir en la privacidad ciudadana, especialmente en la los integrantes de grupos de pensamiento, comunicadores, líderes juveniles, publicaciones, proyectos asistenciales y artistas. Ejemplo de ello ha sido la detención en contra del comunicador Osmel Ramírez Álvarez, colaborador de Diario de Cuba y de Havana Times, del líder de la plataforma Juventud Activa Cuba Unida (JACU), Roberto Jiménez, del artista Luis Manuel Otero Alcántara, y del Director del Centro de Estudios para el Desarrollo Local, César Mendoza Regal, o la ratificación de la sentencia en contra de la economista Karina Gálvez, integrante del Centro de Estudios Convivencia.
El OCDH denuncia este cuadro persistente de violaciones de derechos fundamentales que se mantiene en Cuba y gana terreno en Venezuela gracias a la apatía y ausencia de compromiso de no pocos demócratas e instituciones (que incluye, penosamente, al Consejo de Derechos Humanos de las N.U.)
