Madrid, 3 de enero de 2018
Una vez más, las expectativas de millones de cubanos se vieron frustradas a lo largo de 2017. Inclusive, muchos que por oportunismo, miedo o desidia no se preocupan por la represión política y dicen que los problemas de Cuba son exclusivamente económicos o que la solución está en un cambio de política americana, han visto como la actuación del gobierno ha tirado por tierra sus esperanzas en una mejoría económica o en un ambiente menos hostil para realizar negocios.
En el ámbito económico las medidas tomadas fueron insuficientes, inadecuadas o contrarrestadas por otras decisiones posteriores. En el ámbito político el gobierno no realizó ni una sola reforma al sistema político y legal para reconocer la pluralidad de la sociedad cubana, sino que se mantuvo la ausencia de derechos y libertades, el férreo control político y la exclusión de los discrepantes y opositores; ni siquiera cumplió con su propio y pobre plan de actualización que incluía algunas pinceladas políticas como la reforma de la Ley Electoral. Todavía sigue pendiente la ratificación de los pactos internacionales de Derechos Humanos.
Cuando Raúl Castro abandone la presidencia formal dejará a Cuba tan pobre como la encontró, pero con el añadido de una situación social alarmante. El huracán Irma provocó importantes estragos en la infraestructura productiva del país, pero también dejó al descubierto las condiciones de vidas tan precarias, miserables y peligrosas de miles de cubanos, así como la inoperancia del gobierno y su empecinamiento en evitar que otros (incluido sus propios ciudadanos) tuvieran un papel activo en la búsqueda e implementación de soluciones.
El gobierno cubano no ha querido o no quiere hacer una lectura honesta de la realidad cubana. No ha realizado la reforma integral que el país necesita. ¿Cuál será la próxima promesa o jugada para ganar apoyos y “bendiciones” en 2018?
Desde el OCDH reiteramos que Cuba necesita de manera inmediata una reforma integral, que abarque los principales ámbitos de la vida nacional: el político, el económico y legal, y que garantice el pleno ejercicio de todos los derechos humanos. También necesita con la misma urgencia que el gobierno, en diálogo con todos los sectores de la sociedad civil, establezca unas políticas públicas eficaces y concretas que respondan a la difícil realidad social actual, especialmente en asuntos como la vivienda, el apoyo a los desamparados, el alcoholismo y la discriminación por motivos raciales. Lo cual difícilmente pueda realizarse sin la voluntad del gobierno de atender a la verdad y al reclamo de los ciudadanos, o sin aquella manera martiana de construir “con todos y para el bien de todos”.
